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Martín Vegas | EDUCACCIÓN

Los primeros 100 días

La pandemia ha agravado las desigualdades existentes en la educación peruana y recuperar el rezago tomará varios años, pero los primeros 100 días del nuevo gobierno serán fundamentales. El primer paso será la reapertura de escuelas porque la presencialidad es una condición de éxito para la educación de los más excluidos. Su planificación será el primer desafío del nuevo gobierno: tendrá que organizar un sistema de atención en salud que proteja a docentes y estudiantes.

El segundo paso será generar una inyección de ánimo en docentes, familias, servidores públicos. La mejor forma de hacerlo es fomentando políticas de abajo hacia arriba que valoren las buenas experiencias e innovaciones, revaloren el protagonismo de escuelas y docentes para responder a las características de cada territorio y cultura del país. La pandemia ha vuelto a confirmar que soluciones de talla única para todo el país resultan inaplicables.

El quinquenio

Con nuevos ánimos y escuelas que van volviendo a la semipresencialidad o presencialidad, ¿se trata de retornar a un sistema educativo que ya claramente antes de la pandemia mostraba signos de agotamiento? Postulamos la necesidad de estrategias que conecten con las demandas sociales, sean sistémicas y claramente enfocadas:

1. Educación rural y en población indígena. 2 millones de estudiantes acuden a escuelas rurales que, no merecerían tal nombre ni por su precariedad ni por estar a espaldas de la realidad cultural y potencial económico de las nuevas ruralidades. Podrían lograrse mejoras significativas en los estudiantes si los docentes fuesen contratados por 3 años para permitir su tranquilidad laboral y una formación sistemática que les permita aprender a valorar el mundo rural, apropiarse de las tecnologías e innovar. Los resultados se multiplicarían si, además, las escuelas se organizan en red para tener un apoyo administrativo, se duplica las bonificaciones docentes, se construyen viviendas con recursos de FONCODES y se expanden sistemas de trabajo 3×1 como en las minas. ¿Infraestructura? Existen prototipos en madera validados como los que tercamente la región Cajamarca solicita que el MINEDU les apruebe. ¿Energía eléctrica? Hay escuelas con micro hidroeléctricas, una tecnología que también podría replicarse ¿conectividad? La asíncrona es perfectamente alcanzable.

2. Secundaria y transitabilidad postsecundaria. 500,000 estudiantes culminan la secundaria cada año en colegios que no están haciendo su tarea[1]. Ellos aspiran a seguir estudiando o conseguir un trabajo que con la crisis no obtendrán. La creciente demanda por educación superior requiere de una solución combinada: ampliación de vacantes en universidades públicas, fortalecimiento de la educación superior técnica y con carreras que duren 2 a 3 años, certificaciones con valor para el empleo ofrecidas desde la secundaria en alianza con los CETPRO y los Ministerios de Trabajo, Producción y Agricultura. La indispensable ampliación de vacantes en universidades públicas puede, además, ser una gran oportunidad para reclutar jóvenes profesionales bien formados si se modifica la regulación de la carrera docente de este nivel educativo. La atención educativa a adolescentes y jóvenes puede ser una palanca fundamental de una reactivación económica con equidad.

3. Docentes. 400,000 docentes desmotivados o insatisfechos constituirán un gran desafío para el gobierno entrante. La implementación de la ley de reforma magisterial estableció el piso de cambios que necesita la profesión docente para su justa revaloración como expertos en aprendizaje, pero se requiere profundizar en aspectos clave como la ampliación de plazas para el ascenso, bonificaciones para el trabajo en condiciones adversas y, sobre todo, una ruta para el nombramiento del 46% del magisterio que está excluido de la reforma. Los justos reclamos magisteriales son remunerativos, pero también se reclama por el acoso burocrático a que están sujetos, el insuficiente soporte socioemocional y el muy limitado reconocimiento y respaldo a las buenas prácticas e innovaciones. El 73% de los docentes está de acuerdo con las evaluaciones periódicas que se han ido aplicando[2], el reto es seguir asegurando transparencia y reglas de juego claras porque la evaluación y las exigencias profesionales aumentan el prestigio de la profesión docente, el respaldo a la mediocridad la envilece.

4. Aprendizajes, mejora continua, TIC y autonomía escolar para la innovación. Una red universal de escuelas públicas gratuitas que, interconectadas, aprenden unas de otras, cuentan con soportes de gestión que permitan a sus directores y docentes desarrollar rutas de mejora continua para implementar y validar soluciones pedagógicas específicas donde el aprendizaje se logra en una combinación de experiencias en aula, en la comunidad y en el entorno digital será el paso más importante y estratégico del próximo quinquenio. Experiencias y alternativas para lograr calidad existen a pequeña escala distribuidas en todo el país, ellas constituyen la fuente para que, de abajo hacia arriba se retome una ruta de progreso en los aprendizajes que están plasmados en el currículo nacional y a los que todo ciudadano tiene derecho Las familias necesitan la tranquilidad de que sus hijos accedan a 14 años de educación gratuita con una calidad equivalente en todo el Perú. Con una adecuada optimización, el Perú puede lograr tener 12,648 centros educativos integrados públicos con todos los servicios que estudiantes y profesores se merecen, sustituyendo las actuales e irracionales normas de racionalización que no hacen más que debilitar el servicio educativo.[3]

5. Rectoría y descentralización. Una educación que responda a las características de cada territorio y, por eso es descentralizada, no es contradictoria con una buena rectoría. Hoy el país no cuenta con ninguna de ellas. Se necesita rectoría clara para sanciones efectivas a los docentes que acosan sexualmente a un estudiante o para detener la corrupción, también se necesita rectoría para habilitar y respaldar las innovaciones que se implementan localmente. Se necesita más descentralización para generar estrategias educativas pertinentes a cada territorio mediante la implementación de presupuestos por resultados regionales.

La educación es una política transversal porque abre las puertas a todos los objetivos nacionales. El Proyecto Educativo Nacional al 2036.

En el Perú contamos con un marco estratégico concertado para afrontar los cambios que el país necesita[4], y, además, existen alternativas y soluciones para enfrentar los desafíos educativos. Los obstáculos por enfrentar son los de una inercia legal y burocrática que traba los cambios, una desvaloración del servicio civil educativo que genera alta rotación de funcionarios y docentes, la insuficiente acción conjunta del MINEDU, gobiernos regionales y sociedad civil que impide generar la fuerza política necesaria para salir del status quo. ¿Y el presupuesto? El 6% del PBI es hoy parte de la Constitución Política de 1993, una ley de presupuesto inconstitucional puede ser revocada por 5,000 ciudadanos, el camino a la acción ciudadana está abierto.

Lima, 10 de mayo de 2021

Notas

[1] Las evaluaciones de sistema a en secundaria muestran que los bajísimos niveles de logro no han mejorado a pesar de la ampliación tanto de la jornada escolar como de la dedicación de los profesores de secundaria: http://umc.minedu.gob.pe/resultadosnacionales2019/
[2] La fuente de los datos mencionados es la Encuesta Nacional Docente 2018: http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/pdf/endo-2018.pdf
[3] https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/04/IPAE_Ruta_Peru-Gobernanza-y-autonomia-la-transformacion-del-sistema-educativo.pdf
[4] https://www.cne.gob.pe/uploads/publicaciones/2020/proyecto-educativo-nacional-al-2036.pdf

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Abogado y docente, especialista en políticas educativas. Es actualmente coordinador del programa UNESCO-Horizontes de secundaria rural e integrante del Consejo Nacional de Educación. Ha sido Viceministro de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación (2012-2014). Además, ha sido Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación (2002-2008) y asesor de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, así como Director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas y Secretario Académico en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Fue Director Ejecutivo de “Foro Educativo”.

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