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José Carlos Vera | EDUCACCIÓN

El 28 de marzo pasado, según las disposiciones del Ministerio de Educación[1] se cumplió la fecha para que el total de instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, retornen a clases presenciales o semipresenciales en todo el país ¿Qué balance podemos hacer hasta el momento de este proceso tan importante para el país y su comunidad educativa y que ha movilizado a diversos y nuevos actores en la agenda pública y que nos enfrenta con las siempre dolorosas brechas históricas y estructurales de nuestra educación? Revisemos juntos algunos puntos:
  1. La complejidad transversal de las brechas

Como señalé en artículos anteriores sobre retorno, desigualdad y heterogeneidad son palabras que describen bien y realmente el proceso: brechas entre educación rural y urbana, entre escuelas públicas y privadas, de infraestructura y acceso a servicios básicos y conectividad, entre otras, tiñen e influyen directamente en las condiciones para el retorno; esto sumado al desafío territorial y al tejido organizacional de las comunidades y barrios en donde se encuentran y gestionan las instituciones educativas. Universos únicos y particulares.

En estas semanas hemos visto múltiples noticias en medios de comunicación y redes que dan cuenta de estos problemas: Instituciones educativas rurales que no pudieron empezar pues no se encontraban los docentes en la comunidad, otras que estaban listas para iniciar con presencialidad plena pero se han visto limitadas por las restricciones (ya absurdas) de distanciamiento lo que restringe los aforos, otras donde al primer caso de contagio (que obviamente se iban a dar, sin consecuencias de enfermedad grave) suspendieron clases y confinaron todo el colegio, afectando el derecho al servicio educativo a cientos de estudiantes. Todos estos hechos, vistos a escala nacional y ante la diversidad de escenarios, convierte la afectación del derecho a la educación a miles y millones de estudiantes, ya afectados por el largo cierre de escuelas por pandemia.
  1. La rectoría y la gobernanza territorial

Desde el inicio del proceso de retorno, en 2020 y 2021, se apostó por un modelo de rectoría nacional (MINEDU y MINSA respectivamente) que habilite normativamente, transfiera recursos (mantenimiento, etc), acompañe, monitoree y provea información nacional (SARES, Semáforo Escuela, SIMON) para que las decisiones se tomen en territorio, en cada comunidad educativa y en un esquema de gobernanza regional y local participativo, que facilite la coordinación intersectorial (Comités multisectoriales regionales y locales) y ayude a la organización y gestión del retorno.

Ahora bien, es claro que las debilidades institucionales a todo nivel, las tensiones y sucesivas crisis políticas en plena pandemia, la rigidez y complejidad de un sistema educativo descentralizado que no termina de asentarse de cara a los territorios y sus ciudadanos y el poco uso y aprendizajes en base a evidencia científica robusta desde las entidades competentes, complican muchísimo la implementación y el éxito de una apuesta de esta naturaleza.

Queda claro que, en contextos de emergencia, con basta evidencia científica internacional y nacional y con un momento epidemiológico de bajo riesgo como el que tenemos ahora, el rol de las rectorías debiese ser no sólo habilitador sino y principalmente ser garante de derechos y supervisor de que las decisiones en instancias descentralizadas tengan como centro el interés superior del estudiante, por sobre todas las cosas.

Lamentablemente en el último tiempo, la falta de sentido de urgencia, el miedo, la desinformación y el poco uso de evidencia, ha restringido y limitado un retorno imprescindible y urgente para recuperar la salud socioemocional y los aprendizajes de estudiantes. Protocolos estandarizados, rígidos y homogéneos para todo el país (como el metro de distanciamiento, el no consumo de alimentos de QW en escuelas o el confinamiento de toda el aula, incluso todo el colegio[2], ante el primer caso de contagio) afectan la autonomía de las instituciones educativas para tomar mejores decisiones según su contexto y capacidad institucional. Lineamientos generales que establezcan condiciones mínimas básicas para un retorno seguro, pero dando flexibilidad y margen de decisión para ello y supervisando y garantizando su cumplimiento, son claves para un mejor y pertinente proceso. El discurso descentralizador del ministro Serna se contradice con el sostenimiento de medidas rígidas y con poca capacidad de reacción frente a la evidencia y la urgencia. Esperamos medidas correctivas de manera urgente.

  1. ¿Hay información? ¿Qué dicen los números?

Lo primero que habría que señalar aquí es que el tema de la información siempre ha sido delicado y complejo para el sector educación. Se cuenta con varios sistemas de recojo y procesamiento de información, múltiples reportes con diversos fines, pero a pesar de los intentos, poco integrados y con bajo uso de información para toma de decisiones a nivel territorial: Sólo para el tema retorno, el Semáforo Escuela remoto, SARES, SIMON, SIDI, recogían data, además de diversos sistemas regionales, de UGEL y hasta de cada IE.

No vamos a profundizar en el análisis de las potencialidades y problemas de estos sistemas, muchos son ya conocidos, pero si precisar algunas cosas: i) MINEDU ha desactivado el Semáforo Escuela[3] ii) El SARES[4] ya no se utiliza ni reporta sobre retorno iii) SIMON es el sistema que está recogiendo información, pero es auto declarativo y no recoge Lima Metropolitana, iv) el SIDI de la USE, está recogiendo información muestral con representatividad, en un operativo de llamadas telefónicas realizado entre el 28 y 29 de marzo[5]¿Qué podemos apreciar de estos reportes?

  • El 99,4% de directores señala haber iniciado clases bajo alguna de los tres tipos definidos por MINEDU: presencial, semipresencial o a distancia.
  • El 99,1% de familias indicaron que la IE del estudiante ha iniciado clases.
  • 85% de directores señalan estar brindando servicio educativo presencial y 51.1 % de familias señalan estar recibiendo servicio educativo presencial. Según SIMON, Huancavelica y Ayacucho son los departamentos con mayor % de servicio educativo presencial, con 97% y 95% respectivamente
  • 5 de directores señalan estar brindando servicio educativo semipresencial y 43.6% de familias señalan estar recibiendo servicio educativo semipresencial. Según SIMON, Callao e Ica son los departamentos con mayor % de servicio educativo semipresencial, con 67% y 54% respectivamente.
  • 1% de directores señalan estar brindando servicio educativo a distancia y 5.6% de familias señalan estar recibiendo servicio educativo a distancia. Según SIMON, Callao es el departamento con mayor % de servicio educativo a distancia, con 6%.

Fuente: SIDI USE

  • De aquellos directores cuyos servicios educativos no están brindando clases presenciales o semipresenciales, el 58.7% indican que esto se debe a condiciones de infraestructura de la IE y un 41.3% a otros…
  • Por parte de las familias, de aquellas cuyos estudiantes no están recibiendo clases presenciales o semipresenciales, el 71.7% señaló que es porque la IE no tiene las condiciones adecuadas (infraestructura, insumos de limpieza, servicios básicos, personal completo); el 1,4% por temor a que su hijo o el adulto que lo acompaña se contagie de COVID 19; y el 1% porque el local educativo no está cerca a su casa.
  • Sobre acceso al servicio educativo y asistencia a clases, el 96,4% de familias indicaron que “esta semana”, a los estudiantes se les ha programado alguna clase en modalidad presencial en su IE, según el siguiente cuadro:

Fuente: SIDI USE

  • Sobre acceso a recursos de Aprendo en Casa, el 10,7% de familias cuyos estudiantes accedieron a contenido de Aprendo en Casa por algún canal: 4,8% por TV, 0,2% por radio y 5,9% por internet.
  • El 89,3% de familias señalaron que sus estudiantes no accedieron a Aprendo en Casa por: 66.3% ya está asistiendo a clases presenciales; 28,3% porque no hubo indicaciones del docente; 1,7% porque no tiene tiempo ni el estudiante ni el apoderado; y 1,1% no cuenta con el equipo necesario.
  • Sobre gestión de la IE y traslados, apreciemos el siguiente cuadro:

Fuente: SIDI USE

  • Por otro lado, el 28,1% de directores señala que su local cuenta con personal administrativo o de limpieza y el 23,2% ha recibido mascarillas del MINEDU, DRE o UGEL para todo el personal administrativo, el 22,1% para todos los docentes y 19,9% para todos los estudiantes. El 41% de familias señalan que recibieron alguna mascarilla de parte del sector educación.
  • Sobre los insumos recibidos para lavado de manos:

Fuente: SIDI USE

Sobre los procesos básicos para el buen inicio del año escolar, los reportes de MINEDU señalan:

  • Distribución de materiales y recursos educativos: 95% entregado a la UGEL y 78% entregado a los servicios educativos
  • Mantenimiento de locales escolares: Para el 2022 se programaron S/4.17.729.978 millones de soles para 54.847 locales escolares, de los cuales ya fueron transferidos el 100% a las cuentas de los directores, 80% de locales ya cuentan con su ficha FAM verificada y el 29% de directores ya retiraron el recurso.
  • La contratación de docentes muestra un avance del 98%, las encargaturas un 99% y las plazas de auxiliares un 98%
  1. Lo más importante, el aspecto socioemocional y pedagógico

Se ha mencionado ya en esta revista y en varios artículos de expertos pedagogos, la centralidad e importancia de la acogida empática y diferenciada. MINEDU emitió los lineamientos para la evaluación diagnóstica y la planificación para el buen retorno y se esperaba que los docentes puedan realizar una evaluación integral y acompañar estudiantes que llegan en condiciones distintas, dándole centralidad al bienestar del estudiante, poniendo énfasis en el soporte socioemocional, valorando y atendiendo la diversidad, implementando de manera permanente la evaluación formativa para la mejora y desarrollando procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos.

Sobre cómo se vienen implementando estos procesos en cada IE y territorio no se cuenta con mucha información sistematizada, salvo el reporte de la USE citado anteriormente donde se señala que el 50,4% de familias declaró que sus hijos habían recibido algún tipo de soporte socioemocional de parte de la escuela en el retorno a clases. Esto es importante pero seguramente insuficiente para los enormes desafíos que en materia socioemocional tendrán que seguir enfrentando las familias y docentes.

Sobre la evaluación diagnóstica no hemos ubicado reportes consolidados y vale decir que para este año no se tiene programado desarrollar Evaluación Censal de Estudiantes – ECE (la cual no se realiza desde 2019 por pandemia), sino una evaluación muestral, según lo ha dispuesto la RM 074-2022 – MINEDU[6].

El Desarrollar estrategias pedagógicas que fortalezcan las competencias del currículo y combinen escenarios de presencialidad en aula con el uso de recursos y TIC en momentos de autonomía en casa es aún un proceso en construcción donde hay más dudas que certezas.

Sobre abandono escolar y estrategias de recuperación de estudiantes, en 2020 y 2021 se venía impulsando una estrategia nacional por la continuidad educativa y la recuperación de estudiantes[7], con instrumentos de registro de información y seguimiento nominal de estudiantes (Alerta Escuela[8]) para prevenir riesgo de abandono e identificar casos, referir, atender y recuperar al sistema.No conocemos de las decisiones de política y continuidad sobre esta estrategia nacional que se construyó con las regiones, pero en base a información de la Unidad de Estadística de MINEDU, se sabe que, en 2021, 124.533 estudiantes interrumpieron estudios, y 347.368 estudiantes han sido identificados con alto riesgo de interrumpir estudios este 2022. ¿Cuántos de quienes interrumpieron en 2021 han sido ya recuperados y qué estamos haciendo para evitar que los que están en alto riesgo terminen por abandonar el sistema? El problema es multicausal y su abordaje es también integral y multisectorial. Los mecanismos de articulación entre programas y servicios públicos a nivel territorial y seguimientos nominalizados pueden ser un aporte importante en ese sentido. La responsabilidad no es sólo del director de la IE o del tutor, es de toda la comunidad y sus autoridades. Es de todos nosotros.

  1. ¿Qué debemos esperar?

En el plazo inmediato, el MINSA y MINEDU deben sentarse a definir los ajustes necesarios (ya tardíos) para lograr eliminar las barreras para un retorno pleno a presencialidad, desde un enfoque habilitador, flexible y garante. Una vez más: i) Eliminar el metro de distanciamiento, ii) permitir el consumo de alimentos en comedores y el consumo de productos de Qali Warma en las IE y ya no en los hogares, iii) Suspensión de clases y confinamiento total de clase no debe darse al primer contagio, evaluar progresividad, iv) Vacunación de estudiantes no puede ser condicionante para permitir presencialidad plena, v) Fortalecer mecanismos efectivos de prevención de contagio, como ventilación cruzada, lavado de manos y vacunación de personal de IE.

El sector debe contar con sistemas integrados de monitoreo y gestión de la información que sean públicos, transparentes y territorializados, que permitan tomar decisiones a todo nivel y fortalecer la vigilancia ciudadana de colectivos y organizaciones preocupadas y vinculadas con el retorno.

En materia socioemocional y pedagógica, es importante saber qué está ocurriendo en territorio, con cada IE y sus docentes, es clave brindar asistencia técnica a las UGEL para su acompañamiento cercano a las IE y docentes, aprender de lo ocurrido en 2021, de experiencias exitosas de Aprendo en Comunidad, de la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa COP, de las numerosas experiencias innovadoras docentes que van mostrando el camino.

El proceso de retorno debe servir también para que, en perspectiva, rompamos la inercia y potenciemos una escuela integrada con su comunidad y barrio, que se vincule y apropie del espacio público y de distintos equipamientos y plataformas de servicios de usos múltiples, diversos y complementarios para construir comunidades y ciudades de aprendizaje y de bienestar a lo largo de la vida, ciudades educadoras.

La educación es una de las pocas cosas que más allá de tensiones y discrepancias, ha permitido aglutinar actores, colectivos, organizaciones y autoridades responsables de distintas orientaciones, orígenes y territorios, en una agenda por su defensa y no retroceso en reformas claves, por un retorno seguro en educación básica y superior (no olvidemos seguir empujando por un retorno pleno en la educación superior) y por el bienestar y desarrollo de millones de estudiantes en nuestro país. En un contexto de tanta polarización, debilitamiento institucional y de confianza en la clase política dirigente a todo nivel, aprovechemos y convirtamos la defensa y fortalecimiento de nuestro sistema educativo en una verdadera revolución y movilización ciudadana que nos confluya y construya proyectos integradores, de comunidad y nación. Está en cada uno de nosotros hacerlo, desde cada rol, voz y acción. Demostremos que es posible, no hay tiempo que perder.

Lima, 18 de abril de 2022

NOTAS

[1] Resolución Ministerial N°048-2022-MINEDU https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-normativo-denominado-disposiciones-p-resolucion-ministerial-no-048-2022-minedu-2034354-1/
[2] https://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-escolar-da-positivo-a-la-covid-19-y-suspenden-clases-en-el-colegio-independencia-americana-noticia-1394420
[3] https://www.educaccionperu.org/andando-a-ciegas-en-educacion/
[4] SARES https://sares.minedu.gob.pe/
[5] SIDI USE https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWI3NWU4MzktZmUyNy00ZmQ0LTgxZWItNGE4ZTYzOWZhYWNmIiwidCI6IjE3OWJkZGE4LWQ5NjQtNDNmZi1hZDNiLTY3NDE4NmEyZmEyOCIsImMiOjR9
[6] RVM 074 – 2022 – MINEDU https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/2732796-074-2022-minedu
[7] https://www.educaccionperu.org/author/angelica-zavallos/
[8] Alerta Escuela https://alertaescuela.minedu.gob.pe/

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Ex Director General de la Dirección General de Gestión Descentralizada de MINEDU. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realizó estudios de posgrado en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico y en la Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR. Cuenta con más de diez años de experiencia en cargos de dirección en el sector educación, inclusión social, así como en la PCM y ANGR. Ha liderado procesos de relacionamiento intergubernamental, modernización y fortalecimiento de capacidades institucionales y diseño de modelos territoriales para impulsar la gestión descentralizada de los servicios públicos para la ciudadanía.