Patricia Correa Arangoitia / EDUCACCIÓN

En el Perú cuentan por miles las víctimas de abuso sexual dentro de sus hogares y fuera de ellos. Amigos y amigas, conocidos y desconocidos conviven con la huella del abuso sexual, agravado aún más por la impunidad de los agresores.

Según las estadísticas de la Policía y del Poder Judicial –contenidas en el Plan Nacional de Acción a Favor de la Infancia y la Adolescencia 2012-2021–, del 100% (5.500) de denuncias por violación sexual, el 72% (casi 4,000 casos) corresponde a menores de edad. De esa cifra, el 90% de las víctimas son niñas y adolescentes. De las casi 4,000 denuncias por violación sexual de menores, solo unas 800 terminan con sentencia efectiva contra los agresores, es decir ni la tercera parte. Lo que demuestra que somos un país que agrede a las victimas y protege a los victimarios.

Sin embargo, las denuncias aparecidas durante la últimas semanas, no tienen que ver con estas cifras, son cifras que probablemente jamás aparecerían si el testimonio valientes de exalumnos que han empezado a denunciar como en una escuela de gestión privada, un director y educador reconocido, perpetraban sistemáticamente hechos que violentaban la integridad de sus estudiantes. Como este, son miles de casos en todo el país, que aún siguen ocultos, sin denuncias por temor o vergüenza, o porque simplemente ya fueron. Lo ocurrido en el colegio Héctor de Cárdenas muestra solo un lado de lo que nuestras escuelas han hecho o dejado de hacer por sus estudiantes.

Este hecho pone en evidencia tres aspectos hasta ahora invisibles respecto al rol de la Institución Educativa respecto a la integridad de nuestros niños y niñas:

  1. La fragilidad y la incapacidad de una escuela y una comunidad educativa para generar mecanismos de protección a sus niños, niñas, jóvenes, siendo lo mas grave el apañamiento sistemático de dichos actos por la propia Institución, la misma que no tomó las medidas para que estos hechos que inicialmente habían sido expuestos, continuaran y siguieran cobrando nuevas víctimas.
  2. El modelo educativo de nuestras IIEE en la mayoría de casos está basado en el “temor”, el “miedo” frente a la autoridad, autoridades que muchas casos se convierten en victimarios, no existiendo canales de comunicación que visibilicen los problemas que muchas veces la propia escuela genera, como es el caso en que el agresor convive en la escuela con los estudiantes.
  3. Los contenidos curriculares sobre el reconocimiento y respeto hacia nuestro cuerpo son más que necesarios, las familias están llamadas a proteger, y cuando estas no lo hacen la escuela debe ser un soporte. Por ello no me queda la menor duda, que hoy más que nunca la escuela debe enseñar a nuestros niños y niñas a cuidar su cuerpo a reconocer que su cuerpo se respeta y nadie lo debe tocar ni agredir y quienes se atreve a violentarlo deben ir a la cárcel.

Felizmente y con dolor aún, se empieza a romper la barrera del miedo, y empezamos a saber los nombre y apellidos de los agresores. Al respecto, nos toca ser sostén y soporte y asumir la defensa de quienes están atreviéndose a denunciar para que esto no vuelva a repetirse. Por ello no debe existir un ápice de duda en la sanción penal que corresponde a quien violente y abusa sexualmente de un niño, niña, adolescente, sea quien sea.

Si todo un país permite que la escuela violente sexualmente a quienes por naturaleza debe proteger, estamos entonces frente a una sociedad enferma. Ninguna escuela de gestión pública o privada, en la ciudad, o en la zona rural, en ningún lugar del país, debe permitirlo.

Carme McEvoy hace algún tiempo escribió sobre la violencia que cierne en nuestra niñez: “en un momento como el actual, en el que la ilusión parece abandonarnos, propongo iniciar una cruzada nacional en favor de una infancia feliz”.

Si queremos realmente una infancia feliz, solo nos toca denunciar y no encubrir, sancionar y no avalar la impunidad. Urge declarar la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual para romper con la impunidad de quienes hacen infelices el presente y futuro de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello considero más que urgente esta cruzada.

Lima, 6 de marzo de 2017

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